Las opiniones están divididas entre quienes consideran que gravar el consumo de gaseosas podría tener impacto positivo en la salud pública y entre quienes creen que solo afecta a los más pobres.
Un viejo debate sobre el consumo de las bebidas azucaradas se ha avivado en Colombia, a menos de tres semanas de que Gustavo Petro se posesione en la presidencia con su propuesta de reforma tributaria bajo el brazo.
Recientemente, el entrante ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó a los medios lo que ya había sido asomado por su colega de Salud, Carolina Corcho, sobre la aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Aunque Ocampo no fue enfático sobre el tema, sino que se limitó a responder positivamente las afirmaciones de los periodistas sobre el gravamen, dijo que apenas está siendo estudiado por el equipo de Petro, que aspira a entregar una reforma tributaria que pretende recaudar 50 billones de pesos (unos 11.000 millones de dólares).
Esta medida, que busca que se pague un impuesto por el consumo de bebidas gaseosas o energéticas, jugos empacados y tés, no es nueva. Desde 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, la venía manejando el Ministerio de Salud pero no tuvo la suficiente fuerza para ser aprobada en el Congreso.
El también llamado ‘impuesto saludable’ apunta a aumentar el precio y así reducir el consumo de estos productos procesados con altos niveles de azúcar debido a que se asocian con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, recoge El Espectador.
Sin embargo, una voz ha surgido para alertar que los afectados podrían ser los sectores más vulnerables, que precisamente son los que garantizaron el triunfo de Petro.
Refrescos en la canasta básica
La titular de Salud había afirmado que este tipo de ‘impuesto saludable’ “desincentivaría el consumo de gaseosas y reduciría las enfermedades crónicas no transmisibles”. Además, tendría un impacto favorable en la salud pública.
En medio de las opiniones sobre la pertinencia de aplicar la medida en beneficio de la población, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, agregó un elemento más y dijo a Blu Radio que las bebidas azucaradas formaban parte de la canasta familiar.
Oviedo manifestó que desde 1988 ese factor ha estado presente en las distintas mediciones históricas de inflación y que “tiene un peso de 0,76 % en el presupuesto de los hogares“, distribuido en las gaseosas que se consumen en la casa y en los locales comerciales cercanos.
Según el titular del máximo organismo de estadística, en las familias con situación de pobreza, los refrescos ocupan el 1,16 % del presupuesto, mientras que en las de altos ingresos el porcentaje corresponde al 0,28 %.
Para el director del DANE, el hecho de que estas bebidas formen parte de la canasta familiar no depende de criterios como “calidad de vida o moda”, sino de “la preferencia revelada por parte de los hogares, que nosotros obtuvimos en una encuesta”.
El dilema sobre gravar o no un producto de la canasta familiar deberá resolverlo el equipo del presidente antes de la entrega formal de la propuesta, previa a su posesión. Ya los asesores económicos del candidato asomaron durante la campaña que no habría impuestos a los productos de consumo básicos.
Antecedentes
La proposición de cobrar un IVA de 19 % a productos de consumo básico como el café, el chocolate, el azúcar y la sal fue uno de los reveses que tuvo la administración de Iván Duque cuando quiso introducir su fallida reforma tributaria, que terminó con la renuncia de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que fue el detonante del estallido social de 2021.
Desde 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido la impulsora de la aplicación de un impuesto del 20 % para las bebidas azucaradas. Si bien algunos gobiernos de la región lo han considerado, desde los sectores empresariales donde se producen estas bebidas se ha dicho que solo afectaría a las personas más pobres, que son sus mayores consumidores.
Cuando Duque era senador, en 2016, esgrimió sus argumentos en contra del ‘impuesto saludable’ y sostuvo que el consumo de bebidas con exceso de azúcar no tenía incidencia en la obesidad, según Vorágine. Al llegar a la presidencia, la propuesta de ese gravamen no tuvo mayor impacto en el Congreso, a pesar de que estaba en consonancia con la ‘Ley de comida chatarra’, aprobada por el Legislativo dos años después de haber sido introducida.
Bebidas en las redes
El debate se ha trasladado a las redes, donde organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y políticos se han manifestado a favor o en contra de la posible medida.
La ONG Red PaPaz, que impulsó le ‘Ley de la comida chatarra’, ha desarrollado una campaña informativa sobre los componentes de las bebidas azucaradas, en su cuenta de Twitter. Por su parte, el senador opositor Jorge Enrique Robledo se ha referido al alto impacto que tendría en los bolsillos de las personas en situación vulnerable.
